El sector de la construcción en Venezuela avanza hacia su reactivación sostenida mediante la consolidación de alianzas estratégicas entre el Estado y el empresariado privado.
Así lo afirmó el presidente de la Cámara Bolivariana de Construcción, Gerson Hernández, durante una entrevista en el programa La Jornada, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), donde detalló las estrategias logísticas y financieras que se ejecutan para dinamizar esta industria clave para el desarrollo habitacional del país.
Hernández señaló que, a pesar del impacto directo de las medidas coercitivas unilaterales que limitaban la creación de una estructura de costos real, el sector experimentó un importante repunte. Este impulso ha sido posible gracias a las Alianzas Público-Privadas (APP).
“Las condiciones empezaron a crearse en el marco de las APP en la gestión del ministro anterior; logramos hacer este tipo de estrategias para poder dinamizar el sector”, expresó Hernández. “Actualmente, insumos clave como el cemento y el acero, que en años anteriores eran difíciles de conseguir, cuentan con una óptima producción nacional”.
Propuestas de reforma legal y nuevos mecanismos financieros
Para adaptar el marco jurídico a la realidad económica actual del país, la Cámara Bolivariana de Construcción insiste en la necesidad de ejecutar reformas profundas a la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (antigua Ley de Política Habitacional) y a la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria.
El objetivo de estas modificaciones es promover mayores garantías jurídicas y facilitar el acceso real de los ciudadanos a una vivienda digna.
Foco en la juventud y el equilibrio de pago
El plan de dinamización también contempla una atención especial a la población joven, para quien se solicitan créditos accesibles y condiciones adaptadas a su realidad laboral.
Por último, el presidente de la Cámara Bolivariana de Construcción enfatizó que la clave para consolidar la meta nacional de edificar 500 mil viviendas anuales radica en una triangulación perfecta: equilibrar de forma justa la capacidad de pago del comprador, los límites de ganancia del vendedor y los incentivos crediticios del ejecutor de la obra.
