Durante el lanzamiento de la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, el decano de la Facultad de

Derecho de la Universidad Santa María (USM), Dr. José Bonvicini, destacó el profundo interés de la comunidad académica

por renovar un sistema regido por un Código Orgánico Procesal Penal con 27 años de vigencia. El académico enfatizó que,

más allá de reformas puntuales o detalles legislativos, el verdadero reto recae en los operadores de justicia.

Asimismo, reconoció el esfuerzo conjunto de las universidades en este proceso consultivo y aplaudió la gestión que lideran

el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General de la República. El vocero subrayó que la prioridad debe ser el

ciudadano de a pie que clama justicia frente a la impunidad, lo que promueve la humanización y la responsabilidad real en

las acciones para evitar que las propuestas queden solo en palabras.

Por su parte, en representación de la Comuna Gran Campo Rico del municipio Sucre, Juan Díaz expuso cómo desde el año

2024 las comunidades integran un proceso de justicia comunal apoyado por cuadrantes y jueces de paz. El vocero aclaró

que esta modalidad no busca sustituir a la justicia tradicional, sino resolver de forma ágil los conflictos menores y cotidianos

entre vecinos antes de que escalen a problemas mayores.

Díaz solicitó formalmente que se consolide la reforma de justicia y paz, facilite el acceso a la justicia y elimine la burocracia

dentro del territorio; asimismo, que avance en la agregación del consejo de justicia y paz comunal. Puedan como comuna

resolver disputas vecinales y familiares a través de la mediación, antes que el problema tome gran escala. El vocero insistió

en que esta consulta nacional debe dar paso a un sistema penal mucho más humano y libre de corrupción.

En este mismo orden de ideas, la jueza de paz de la Comuna Alianza Bolivariana, estado Miranda, Tahis Rojas, defendió con

firmeza que la justicia comunal no es una alternativa de baja categoría, sino la máxima expresión de soberanía y paz en el

territorio. Rojas propuso la creación de un protocolo obligatorio y de mecanismos restaurativos que conecten directamente

el proceso penal con la jurisdicción de paz comunal.

Rojas planteó dos líneas de acción urgentes, reformar el Código Orgánico Procesal Penal para facultar expresamente a

fiscales y jueces de control a fin de que remitan a la justicia comunal aquellos delitos menos graves, cuyas penas sean

menores a ocho años y que no atenten contra la vida o la integridad física de las personas.

La jueza de paz también propuso vincular estrechamente a los jueces comunales con los órganos de investigación penal en

las localidades, una medida que permitirá la activación inmediata de audiencias iniciales comunitarias cuando las denuncias

saturen a las delegaciones policiales. Rojas concluyó con la afirmación de que estas propuestas no pretenden inventar el

derecho, sino proveer mejores herramientas al sistema vigente.

Los tres voceros coincidieron en que el verdadero camino hacia la humanización de la justicia no se logra con el simple

aumento de penas, sino con una reestructuración profunda que acerque el sistema a las realidades y necesidades del

pueblo venezolano.