Un grupo de madres salvadoreñas se ha organizado para exigir información sobre el paradero de sus familiares detenidos
desde 2022, bajo acusaciones de pertenecer a pandillas, a causa de las medidas impulsadas por el Gobierno de Nayib
Bukele.
La demanda de estas familias surge ante la falta de respuestas oficiales claras y confiables sobre los lugares de reclusión y
las condiciones en que se encuentran los detenidos.
El caso de Merlon Urías, arrestado a los 18 años mientras jugaba videojuegos con amigos, refleja esta situación. Su madre,
Mirna Urías, tras meses de búsqueda infructuosa, fundó el colectivo Madres por la Libertad, integrado al Movimiento de
Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR).
Este colectivo reúne a más de 60 mujeres que reclaman información a las autoridades. Muchas esperan fuera de las
cárceles o consultan a abogados, pero la incertidumbre sigue como la constante en sus testimonios.
La realidad en El Salvador no es para nada favorable, dado que la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas advirtió
que seis de cada diez salvadoreños temen ser encarcelados por expresar opiniones contrarias al gobierno. Además, según
cifras oficiales, más de 91 mil personas han sido detenidas bajo sospechas de vínculos con pandillas.
