El Gobierno de Estados Unidos ejecutó una nueva arremetida en su estrategia de máxima presión contra Cuba al incluir a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) en la lista de Entidades Especialmente Designadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro.

A partir de la inclusión de Cupet en la lista de SDN se prohíbe cualquier transacción o negocio con la compañía cubana a ciudadanos estadounidenses, a menos que tengan una licencia específica de la OFAC. Adicionalmente, las personas y empresas extranjeras que hagan negocios con Cupet se arriesgan a ser objeto de sanciones.

Los argumentos del Ejecutivo estadounidense, defendidos públicamente en redes sociales por el secretario de Estado, Marco Rubio, carecen de un sustento sólido. La Casa Blanca justifica este hostigamiento bajo la premisa de que Cupet administra activos que supuestamente fueron expropiados de forma ilegal a ciudadanos estadounidenses hace décadas.

Cupet es la empresa que en Cuba gestiona la importación, recepción, extracción, procesamiento y distribución de petróleo y derivados. La distribución llega lo mismo a gasolineras que a empresas, plantas de generación eléctrica, ministerios e instituciones como los propios hospitales, plantas de abasto de agua y otros servicios críticos ya duramente golpeados por el bloqueo petrolero.

Castigo colectivo contra los cubanos

La retórica de la parte norteamericana pretende posicionar la medida como un acto en defensa de la libertad ciudadana y acusa al Gobierno cubano de malversar y acaparar los hidrocarburos disponibles para fines puramente gubernamentales, militares y de propaganda política, mientras responsabiliza a la gestión cubana de los persistentes apagones y la escasez de combustible que sufre la población civil.

Así, Washington trata de ocultar la realidad de que las carencias del pueblo cubano son consecuencia directa de las agresiones económicas, financieras, comerciales y energéticas que la Casa Blanca ejecuta contra Cuba. Recientemente, la ONU advertía que las medidas de EEUU están, incluso, obstaculizando la llegada y distribución de ayuda humanitaria en el país caribeño.

En la isla, indicadores como los de generación eléctrica y mortalidad infantil han caído drásticamente a partir del bloqueo petrolero decretado por Trump y la cadena de paquetes de sanciones que ha emitido su Administración, con un fuerte componente extraterritorial y de restricciones financieras, vía sanciones secundarias, que busca sumar indirectamente a otros países al bloqueo.

La cadena de medidas coercitivas unilaterales impuestas en lo que va de 2026 por la Administración Trump ha provocado, junto a la escasez, el parón productivo, la severa crisis energética y la crisis humanitaria, la retirada parcial o total de empresas como Sherritt International, hoteleras como Meliá, Blue Diamond e Iberostar y aerolíneas como Iberia.