Por: Judith Contreras

En el marco del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia consagrado en Venezuela, el ejercicio de las libertades ciudadanas requiere un equilibrio indispensable entre la exigencia de derechos y el respeto al orden constitucional. La protesta es un pilar fundamental para visibilizar reclamos colectivos; sin embargo, cuando deriva en violencia, vandalismo o en la paralización de la vida pública, traspasa la frontera de la legalidad y compromete la legitimidad de su causa.


El fundamento constitucional de la protesta pacífica y sus límites

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) reconoce de manera explícita el derecho a la manifestación, pero establece condiciones claras para su ejercicio:


Artículo 68 (CRBV):


"Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley..."


El propio texto constitucional restringe el alcance de la protesta al carácter pacífico y la ausencia de armas. La protesta no es un cheque en blanco para el caos; su validez jurídica y social reside precisamente en su carácter pacífico.


Vandalismo y daños al patrimonio: La transgresión del bien común

Cuando una manifestación degenera en la destrucción de bienes públicos o privados, deja de ser un acto de expresión ciudadana para convertirse en una infracción punible. La carta magna ampara la propiedad y la protección de los bienes colectivos:


Artículo 115 (CRBV): Garantiza el derecho a la propiedad privada, asegurando el uso, goce, disfrute y disposición de los bienes.


Artículo 127 (CRBV): Establece el deber del Estado y de la sociedad de proteger el entorno y los espacios públicos para el beneficio de todos.


El vandalismo contra comercios, transporte o instituciones comunitarias viola directamente estas garantías. Quien destruye el patrimonio común no fortalece una demanda social, sino que genera un perjuicio económico a la misma comunidad y despoja al reclamo de su estatura moral.


El libre tránsito: Un derecho en colisión con los cierres de vías

El bloqueo total y prolongado de avenidas e infraestructuras estratégicas afecta directamente la dinámica social y económica de la población. La Constitución protege la movilidad como un derecho humano fundamental:


Artículo 50 (CRBV):


"Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver..."


Trabar las vías arteriales vulnera el libre tránsito e impide el acceso a servicios esenciales como la salud y el trabajo, poniendo en riesgo el paso de ambulancias o personas en situaciones de emergencia. Defender un derecho no puede implicar la suspensión o anulación arbitraria de los derechos de los demás.


Legitimidad y convivencia democrática

El Artículo 131 de la CRBV recuerda que "toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público". La efectividad de una causa no se mide por el grado de colapso que genera en las calles, sino por la solidez de sus argumentos y su respeto a las normas que permiten la convivencia.


Respetar el patrimonio público, la propiedad privada y la libre circulación no debilita la manifestación. Al contrario, enmarcar la protesta dentro de la Constitución le otorga la fuerza institucional y el respaldo comunitario necesarios para generar transformaciones reales.