Una familia en Buenos Aires necesitó cerca de 1.5 millones de pesos en marzo para evitar la clasificación de pobreza, según reseñan las estadísticas de la capital argentina. Esta cifra surge en un contexto donde el Gobierno de Javier Milei mantiene los ajustes económicos que implican severos recortes sociales y en los derechos laborales. La realidad económica del país muestra que los adultos que dependen de forma exclusiva del salario mínimo no logran reunir el monto necesario para superar el umbral básico de subsistencia. Los datos oficiales ubican el límite de la clase media frágil en ingresos que oscilan entre 1.5 y 1.9 millones de pesos, una franja que cada vez resulta más estrecha para los trabajadores. Mientras el organismo central reporta una supuesta baja en los indicadores, otras mediciones paralelas dan cuenta de que este flagelo social está en plena expansión por todo el territorio bonaerense. Esta disparidad en las cifras genera preocupación en los sectores especializados, quienes advierten sobre la precariedad del poder adquisitivo frente a los precios actuales. El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires define en situación de indigencia a los hogares con ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica alimentaria. Este indicador alcanzó los 814 mil 709 pesos durante el mes de marzo, lo que representa un incremento del 31 % respecto al año anterior en concordancia con la inflación local. Bajo este esquema, si los dos integrantes de un hogar perciben únicamente el salario mínimo vital y móvil, su condición económica cae de forma automática en el rango de la indigencia. La crisis de ingresos afecta la calidad de vida de los ciudadanos, quienes enfrentan dificultades para el acceso a bienes y servicios esenciales en medio de las medidas de austeridad. El reporte detalla que la brecha entre los salarios y el costo de vida se ensancha de manera peligrosa para la estabilidad de las familias de clase baja y media. De esta manera, la capital de Argentina enfrenta un panorama complejo donde el ajuste fiscal impacta de manera directa en la capacidad de consumo y en la seguridad alimentaria de su población.