Aquella jornada del 11 de abril de 2002, la derecha venezolana ejecutó un plan a través de los medios de comunicación mensajes de odio y desestabilización para consumar el golpe de Estado contra el entonces presidente de la República, Hugo Chávez. Desde la llegada a la presidencia en 1999, el presidente Hugo Chávez enfrentó el asedio constante de los sectores que históricamente controlaron las riquezas del país y los que, en alianza con potencias extranjeras, rechazaron la aprobación de las 49 leyes habilitantes que otorgaban soberanía sobre el petróleo y las tierras. La patronal Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), medios de comunicación privados y partidos políticos de extrema derecha planificaron la desestabilización del país que escaló en manifestaciones callejeras de los sectores adversos al proyecto político de Hugo Chávez que se desencadenaron en hechos violentos que ocasionaron el asesinato de ciudadanos y cientos de heridos para lograr la toma de poder de Miraflores. Esta arremetida contra la voluntad popular demostró el desprecio de las élites por la democracia, la paz y la vida de los ciudadanos.