La implementación de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites y Procedimientos Administrativos conecta con el plan de digitalización del Estado, cuyo fin primordial es eliminar los obstáculos burocráticos y simplificar la relación entre la administración pública y el administrado para garantizar una gestión eficiente, aseguró el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Miguel Salazar, en una entrevista en el programa “Al Aire” que transmite Venezolana de Televisión (VTV). El también integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración Nacional, explicó que, en cuanto al contexto de esta normativa, el parlamentario señaló que la ley surge como una necesidad de materializar la agilidad que el país requiere para su desarrollo económico y social. Además, destacó que esta medida se vincula con los anuncios recientes de la presidenta (E), Delcy Rodríguez, sobre la modernización institucional, ya que la simplificación de procesos administrativos representa un derecho del ciudadano pendiente durante décadas. Asimismo, el dirigente político aprovechó la oportunidad para referirse a la realidad económica y subrayó que la optimización de trámites debe acompañarse de un diálogo social tripartito. Sobre este punto, el presidente nacional del partido Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), Miguel Salazar, manifestó que es vital que el Estado, los empresarios y los trabajadores busquen fórmulas matemáticas y humanistas para solucionar el problema del salario, debido a que la economía actual, golpeada por las sanciones y el manejo de recursos, exige un consenso nacional con seriedad técnica. Finalmente, Salazar ratificó la disposición de la alternativa democrática para construir soluciones conjuntas dentro de la Asamblea Nacional mediante el diálogo político constante. El legislador puntualizó que la aprobación por unanimidad de diversas leyes en el parlamento demuestra que existe voluntad para avanzar, por lo que instó al Ejecutivo a rescatar elementos de la ley de emergencia salarial que su partido consignó previamente, en aras de alcanzar una estabilidad que favorezca a todo el pueblo venezolano.