Por: Rafael Torrealba
Hablar de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en el debate público suele activar posturas polarizadas. Sin embargo, si se despoja la conversación de la coyuntura política inmediata y se analiza el problema estructural del hábitat en América Latina, el programa revela un impacto intrínseco que merece ser dimensionado: la transformación radical del acceso a la vivienda, no como un bien de consumo sujeto al mercado, sino como un derecho humano fundamental.
Históricamente, el desarrollo urbano en Venezuela —y en buena parte de la región— estuvo signado por la segregación. Durante décadas, las grandes ciudades crecieron bajo una lógica excluyente: la planificación formal quedaba reservada para los sectores con poder adquisitivo, mientras que la mayoría trabajadora se vio desplazada a la autoconstrucción en zonas de riesgo, sin servicios básicos ni regularización de la propiedad. La vivienda era un privilegio determinado por la capacidad de endeudamiento bancario.
En ese contexto, el verdadero hito sociológico de la Misión Vivienda no radica únicamente en las cifras de inmuebles entregados, sino en el cambio de paradigma. Por primera vez en la historia contemporánea del país, el Estado asumió el rol activo de urbanista y ejecutor a gran escala, integrando a familias de bajos ingresos a zonas urbanas consolidadas donde antes les era imposible acceder a un inmueble.
